Bücher von Lina Katherine Bravo Suarez

La prostitución desde antaño, ha sido considerada una de las actividades humanas y económicas más antiguas y estigmatizadas del mundo, para Reyes (2019) son dos visiones las que rodean a esta actividad, una de orden laboral basada en los señalamientos de la Organización Internacional del Trabajo OIT y otra de orden penal en la que se le percibe como una actividad transgresora de los derechos humanos. Profesión en la que se intercambian relaciones sexuales o contenidos eróticos a cambio de contraprestaciones económicas, y en la que confluyen múltiples violencias, prejuicios y exclusiones. En el contexto local actualmente, existe una comprensión jurídica distinta gracias a dos circunstancias: la primera, la activación de la acción de tutela, por parte de trabajadoras sexuales que consideran que son portadoras de derechos fundamentales y por ello han demandado del Estado la protección de los mismos, y, segundo, debido a las respuestas judiciales proferidas por las altas cortes colombianas tribunales que han interpretado que la prostitución voluntaria o trabajo sexual debe ser equiparable en derechos a cualquier actividad laboral lícita.

Los imaginarios sociales despectivos que han definido a la prostitución, actualmente equiparan a esta situación con el trabajo sexual, contextos que distan el uno del otro y que por influencia del comercio sexual experimentan el ingreso de diferentes identidades sexuales y modalidades delictivas que refuerzan la indiferencia, invisibilidad y estigmatización que han caracterizado a estos mundos. Es de anotar, que existe una gran preponderancia de prejuicios, hipocresías y asimetrías sociales que condicionan las relaciones interpersonales, institucionales y legales que se desarrollan en Colombia; pues, a pesar de que estamos en un Estado Social de Derecho y de que la misma Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha amparado la dignidad de las personas antes que la moralidad, como es el caso de la Sentencia T-629 de 2010, aún no se consiguen garantizar los derechos humanos para la totalidad de la población Colombiana.